A tan solo una semana de asumir el rol de procurador general interino, Javier Pacheco Palacios ha llevado a cabo cambios significativos en la Procuraduría General del Estado (PGE). Nombrado por la presidenta Dina Boluarte el pasado 16 de diciembre, Pacheco no ha perdido tiempo, solicitando la renuncia de ocho funcionarios clave y desactivando dos unidades fundamentales.
Los movimientos estratégicos incluyen la solicitud de renuncias a destacados miembros de la entidad, entre ellos Napoleón Fernández, jefe de la Oficina Jurídica; Luis Tapia Soriano, director de Información y Registro; y Jorge Pasco Loayza, jefe de la Oficina de Control Funcional, entre otros.
Además, Pacheco ha desactivado la Unidad de Defensa Jurídica del Estado en casos contra altos funcionarios, una unidad que manejaba investigaciones cruciales, incluyendo aquellas dirigidas contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola. También ha eliminado la Unidad Funcional de Articulación Territorial, encargada de atender las necesidades de las procuradurías públicas regionales y municipales.
La decisión de desactivar estas unidades, según Pacheco, se basa en la necesidad de «centralizar y consolidar los recursos especializados en la defensa de estos casos». Argumenta que esta medida permitirá optimizar recursos y esfuerzos en la lucha contra la corrupción y otros casos legales de importancia.
Cabe destacar que estas acciones de Pacheco Palacios no han estado exentas de controversia. El procurador interino, actualmente enfrentando una investigación fiscal por presunta corrupción, ha generado críticas por estas movidas estructurales en la PGE. La comunidad legal y política sigue de cerca estos cambios, que podrían tener implicaciones significativas en la dirección y gestión de la procuraduría.
